Las nuevas medidas adoptadas por el
Ministerio de Economía contentan a las entidades financieras y enfurecen a los
sindicatos
Sentado
en su mesa revisando miles de papeles estaba esperando. Eran las seis de la tarde.
Planta de jugador de balonmano y con traje negro, respiraba profundamente
mientras apuntaba las últimas líneas de un caso que nada tiene que ver con lo
siguiente. Manuel Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de
Alicante y está especializado en temas de Recursos Humanos. Ahora, con la
situación que atraviesa el país, está “haciendo el agosto”.
“Las
nuevas medidas propuestas por el gobierno son positivas, siempre y cuando se cumplan, claro”, apuntó Fernández mientras buscaba en una carpeta
cercana folios referentes a un caso concreto. Pide no citar el nombre del
afectado, mientras explica que su cliente se encuentra en una situación
crítica, al borde de la desesperación, “ya no sabe a dónde acudir” explica el
abogado. En estos momentos J. S. carece de trabajo al igual que su mujer, y
apenas le llegan los ahorros para llegar a fin de mes y dar de comer a su hijo
de cinco años. “Hablamos semanalmente con el banco y nos han comunicado que no
nos ofrecen más moratorias ni más acuerdos”, dice el abogado, visiblemente
afectado porque sus esfuerzos pueden quedar en vano.
Nuevas medidas
El
ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado una serie
de medidas cuya intención es ayudar a aquellas familias que atraviesan por una
situación crítica a la par que dan beneficios a los bancos. En principio, si
las entidades financieras se adhieren al Código de Buenas Prácticas, cuya
función principal es ayudar a los más afectados por la crisis, recibirán unos
beneficios fiscales, es decir, si ayudan a aquellos que no pueden pagar por su
situación personal, recibirán favores por parte del Gobierno.
Las
entidades financieras estaban no muy controladas hasta hace poco. Ahora, se
pretende conseguir con este código que cumplan una serie de condiciones para
que tanto los futuros desahuciados tengan tiempo para encontrar una manera de
buscar dinero, y para que los bancos no siempre salgan ganando (cosa que hasta el momento parece imposible,
o por lo menos difícil). Medidas como no infravalorar el precio de la vivienda
una vez desalojada para después sacarla a subasta a un coste mucho mayor, o como moderar los intereses y los plazos de
pago. Y sobre todo, algo nuevo hasta ahora, si el banco se adueña de una casa
por impago, y pongamos por ejemplo que el piso cuesta un total de 70.000 euros
y expulsan a la familia que vivía antes allí (pero que ya no puede seguir
pagando). Si a la familia le quedan por pagar 20.000 euros en dos años, ya no
se vería en la obligación de abonar el total, sino una parte inferior. La
llamada dación en pago.
Estas
medidas no contentan a todos. Camilo González, afiliado de UGT en la ciudad de
Alicante asegura que las entidades financieras no necesitan más tratos de favor
por parte del Gobierno. “Bastante les han dado, y bastante nos han quitado,
como para que les sigan dando beneficios”, dijo González mientras asistía a la
manifestación del pasado 25 de febrero, en contra de los recortes en educación.
Apuntó
también que no es normal que se les siga dando ayudas a un sector que es uno de
los principales creadores de la burbuja que actualmente vive España, de ahí la
indignación por el punto de partida que ha tomado el nuevo gobierno en materia
económica.
Este blog me sirve de inspiración
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